Las tendencias de envejecimiento poblacional en España son una llamada de atención a las políticas, tanto públicas como privadas, para asumir los retos asistenciales y económicos de un futuro no muy lejano.
Los últimos datos sobre envejecimiento en España muestran una tendencia imparable: el país ha registrado un nuevo récord histórico: 125,7%. Esto quiere decir que ya se contabilizan 125 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 1. Esta cifra, indican los datos publicados el mes de julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística español (INE), supone el mayor crecimiento desde 2014.
De hecho, fue a partir del año 2000 cuando el país empezó a presentar una mayor proporción de personas mayores que de jóvenes y pasó a ser, por tanto, lo que se denomina una 'sociedad envejecida'. Si bajamos al detalle de las comunidades autónomas, Asturias encabeza el ranking de envejecimiento con un índice del 224,5% (224 mayores por cada 100 menores de 16), seguida de Galicia (202,2%) y Castilla León (201%). En el otro extremo, Ceuta (58,4), Melilla (44,6) y Murcia (87,9%) son las regiones que aguantan con una mayor proporción de jóvenes.
Según un informe elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), los mayores de 65 supondrán el 30% de la población española en 2030, frente al 18% actual.
Efectos sociales y económicos de una sociedad envejecida
Estos datos acerca de la evolución demográficas de ambos países, en una tendencia que puede detectarse en la mayor parte de países desarrollados (especialmente, los europeos), son una llamada de atención sobre el futuro económico de estas regiones.
Porque, aunque no existen ejemplos históricos sobre cómo gestionar ese cambio demográfico, está claro que supondrá todo un reto en ámbitos muy concretos, tanto sociales como económicos. Las pensiones públicas y el ahorro finalista, la renovación del mercado laboral, la medicina, la asistencia sanitaria y social o la tecnología y sus aplicaciones necesitarán de una imprescindible adaptación para adecuarse a las necesidades del grueso de la población.
De igual manera, el sector asegurador deberá adaptar tanto sus productos personales (como Seguros de Vida, Salud, Hogar o Decesos, por ejemplo) como sus servicios para una sociedad cada vez más envejecida.
El grado de dependencia corre el riesgo de incrementarse en gran medida, es evidente. Por ello, debería ser prioritaria la puesta en marcha tanto de políticas públicas como de alternativas privadas que aborden y potencien un envejecimiento activo, para mantener en la medida de lo posible la independencia física, económica y social de las personas mayores. De igual manera, el enfoque de la salud deberá partir de la prevención y el diagnóstico precoz, lo que supondría no sólo menores costes generales e individuales, sino que permitirá mantener durante mayor tiempo una mejor calidad de vida.
